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Comunicado Oficial Nro. 002

Quito, 4 de febrero de 2020

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en uso de su atribución constitucional de Observancia (art.156) y como mecanismo de Género del Estado, responsable de asegurar los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI, en relación al pronunciamiento del Señor Presidente de la República, Lenín Moreno, sobre el acoso a las mujeres, efectuado el 31 de enero de 2020, señala:

  • Tanto la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) así como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), identifican al acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las mujeres.
  • Según la CEDAW, este tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de seguridad.
  • Según los datos de la Encuesta de Violencia contra las Mujeres, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador, han enfrentado algún tipo de violencia de género en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida (INEC – 2019).
  • El 23.5% de las mujeres mayores de 15 años en el Ecuador han enfrentado alguna manifestación de violencia sexual en el espacio público o comunitario, de las cuales la mayoría, el 97.1%, no denuncia (INEC – 2019).

En este sentido, tanto para la ciudadanía como para las autoridades de nuestro Gobierno, es importante comprender que se trata de una problemática social arraigada en las prácticas cotidianas que desvalorizan a las mujeres y niñas y continúan desconociéndolas como sujetos de derecho.

Estos comportamientos, además de las afectaciones psicológicas y físicas que generan a las víctimas, conllevan un impacto social como el incremento de la violencia de género en todos los ámbitos, cuyo trabajo para erradicarla ha sido una bandera de lucha de nuestra sociedad y un compromiso desde las diferentes instancias del Estado. Esta prioridad en el Gobierno actual se ha materializado en el trabajo coordinado de Misión Mujer, en el desarrollo de la II Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, en la aprobación de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la aprobación del Convenio 190 de la OIT sobre el acoso y violencia en el mundo del trabajo, en la formación en derechos humanos de las mujeres para operadores de justicia, para personal policial, para servidoras y servidores de las diferentes funciones del Estado y otras acciones relevantes e históricas. Sin embargo, estamos conscientes que el desafío aún es grande frente a una problemática que está presente en nuestro día a día.

Instamos a que estas acciones, dentro de las cuales se enmarca la eliminación del acoso como una forma de violencia de género, sean la estrategia para una transformación social real, para no retroceder en la garantía de derechos humanos de las mujeres y para que todo Estado asuma con responsabilidad la transversalización del principio constitucional de igualdad y no discriminación en razón de género, lo cual implica generar políticas públicas inclusivas, establecer procesos de capacitación a todas y todos quienes servimos desde la gestión pública, incorporando el lenguaje inclusivo en nuestra gestión y replicando comportamientos solidarios, respetuosos, pacíficos y sensibles con las problemáticas sociales que viven las mujeres de nuestro país.