El 14 de febrero, en el auditorio del Municipio de Cotacachi, se reunieron varias instituciones, entre ellas el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, con el fin de socializar las acciones emprendidas frente al caso SISA. La reunión liderada por la Secretaría de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, buscó generar espacios y mecanismos para la protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

El caso SISA es el primer femicidio de 2020 suscitado en el Ecuador; ocurrió el 1 de febrero en la provincia de Imbabura. Las instituciones tomaron este caso para revisar y mejorar el plan de acción frente a la violencia de género. La Secretaria Técnica, Nelly Jácome Villalva, afirmó que “SISA debe ser una pauta para fortalecer las relaciones interinstitucionales”, además, resaltó que la fortaleza de cada Consejo para la Igualdad reside en su especialidad. Por ello, los equipos técnicos del CNIG, del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades desarrollan un proceso de observancia para este caso.

En la reunión, presidida por el Alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña, y la Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, estuvieron presentes delegaciones de Fiscalía General, MIES Ibarra, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, Gobernación de Imbabura, DINAPEN Imbabura, Junta de Protección de Derechos, Defensoría Pública, Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, entre otros.

La Secretaria de Derechos Humanos insistió en la responsabilidad que cada institución tiene frente a los casos de violencia de género; resaltó la derivación, el acompañamiento y la rendición de cuentas. Además, propuso una ruta de sensibilización en la comunidad, y en los medios de comunicación, ya que la información de este caso, específicamente, no tuvo un tratamiento riguroso.

Las delegaciones participantes generaron acuerdos en relación a los roles de las instituciones públicas desconcentradas y descentralizadas del Sistema Local de Protección de Derechos.